Costa Rica es un país independiente y políticamente estable en América Central con plena autonomía sobre su regulación de servicios financieros, formación de empresas y políticas fiscales. Conocido por su entorno fiscal favorable y su postura progresista hacia la innovación, Costa Rica se ha convertido en un destino atractivo para las startups de criptomonedas y las empresas basadas en blockchain que buscan flexibilidad regulatoria, bajos costos operativos y restricciones mínimas a las actividades de activos digitales.
A partir de 2025, Costa Rica no tiene un régimen formal de licencias específico para los negocios de criptomonedas, pero tales actividades están permitidas bajo las leyes comerciales y financieras existentes. La supervisión recae principalmente en el Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Tributación, que supervisan las operaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contra el blanqueo de capitales. Un número creciente de empresas de tecnología financiera y criptomonedas operan bajo este marco, beneficiándose de límites legales claros sin la carga de licencias restrictivas. Esta claridad legal, combinada con los fuertes lazos comerciales internacionales de Costa Rica, la convierten en una jurisdicción creíble y práctica para las criptoempresas que apuntan a los mercados regionales o globales.